PUTUMAYO, LA COSECHA ILEGAL
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Texto y fotos por Edinson Iván Arroyo Mora
Los cultivos ilícitos de coca son el paisaje cotidiano en Putumayo, al sur de Colombia. Una alternativa de ingreso para los campesinos, pero una práctica ilegal que implica riesgos más allá de la simple denominación de “cocaleros”.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el censo de 2016 sobre ese cultivo en Colombia registra que en Putumayo hubo 20,068 hectáreas de coca en 2015, cifra que lo coloca entre los departamentos con más plantaciones.
Para los campesinos, ser cocalero es una lucha constante contra la corriente, buscando alimentar a su familia con el único cultivo que se los permite. Un raspachín cosecha en promedio de 8 a 10 arrobas al día, generando ingresos aproximados de 40,000 a 50,000 pesos colombianos diarios (entre 13 y 17 dólares); el trabajo es constante, siempre hay donde trabajar y, si se acaba el “raspe”, hay donde el vecino. Hasta que aparecen las fumigaciones y la erradicación manual, lo que genera una fuerte caída económica para ellos, ya que tendrán que empezar de nuevo, con otros cultivos poco rentables, como plátano, yuca, maíz, arroz y cacao.
“Yo cosechaba 11 bultos de arroz y 200 kilos de cacao, primero se vendían a buen precio, pero con el tiempo esto fue cayendo hasta el punto que no valía la pena sembrar arroz o cacao, los precios eran muy baratos, y las enfermedades que atacan a los cultivos de cacao causan muchas pérdidas; mientras que con la coca no hay tanta complicación para trabajar ni vender”, dice Antonio, habitante de San Miguel, Putumayo.
Como consecuencia de los cultivos ilícitos, el departamento padeció el experimento del Plan Colombia en los años 2000 y 2001. El denominado «Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado» fue aprobado en Estados Unidos en el 2000 y ejecutado sin consultar a la ciudadanía. El objetivo general era lograr la pacificación en Colombia por medio de la negociación política, el respeto a la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente. Con ánimo de contrarrestar la violencia y disminuir los factores entrelazados al cultivo, se contempló una serie de estrategias, como introducir alternativas integrales de desarrollo, participativas y económicamente sostenibles en áreas rurales, permitiendo a los campesinos acceso a otras actividades “rentables”.
Bajo estas garantías, se daba luz de esperanza. Sin embargo, todo desapareció luego de la fumigación con glifosato, que dejó un impacto negativo en la salud de los habitantes, contaminando los suelos, aguas y trayendo afectaciones en los cultivos de pancoger, lo que generó desplazamiento y abandono de tierras; los afectados llevaron los cultivos de coca a montañas vírgenes, contribuyendo a la tala de árboles y envenenamiento de aguas y suelos.
Los proyectos del Estado para la reparación nunca fueron satisfactorios por falencias de implementación y por ignorar aspectos como el medio ambiente, la socialización y el bienestar de los habitantes. El Estado busca que los campesinos dejen de sembrar y procesar base de coca, pero sin tener en cuenta sus necesidades.
Primero fueron los aviones con la fumigación indiscriminada, que eliminaba todo cultivo a su paso. Luego vino la erradicación manual de la planta de coca, que no tuvo fuerte impacto en el ambiente, pero sí en la población, por el desequilibrio económico.
En el punto cuatro del acuerdo de paz firmado por el gobierno y las Farc en 2016, también se habla sobre “Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito”; sin embargo, como sucedió con el Plan Colombia, no se estableció diálogo con los campesinos, se fumigaron los cultivos para luego llegar a reparar a los afectados.
Muchos campesinos exigen un acuerdo antes, que se cumpla con lo prometido para que haya una erradicación manual voluntaria de cultivos ilícitos.
Otro dilema que se presenta es el mal manejo de recursos del Estado.
“La bulla es que nos van a dar 31 millones de pesos a cada finquero, pero dudo mucho de que eso pase, el dinero siempre se queda en el camino, lo que llega a las manos de nosotros son chichiguas”, dice Amparo, que vive del cultivo de coca para mantener a sus cuatro hijos.
Con todos estos factores y problemáticas arraigados al cultivo de coca, se llega a un punto en el que los campesinos, atados de manos por las falsas promesas del Estado, se preguntan: ¿Qué más se hace?, ¿en qué más trabajo?, dando a sí mismos una respuesta simple: sobrevivir con aquello que se los permite.
Los cultivos ilícitos de coca son el paisaje cotidiano en Putumayo, al sur de Colombia. Una alternativa de ingreso para los campesinos, pero una práctica ilegal que implica riesgos más allá de la simple denominación de “cocaleros”.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el censo de 2016 sobre ese cultivo en Colombia registra que en Putumayo hubo 20,068 hectáreas de coca en 2015, cifra que lo coloca entre los departamentos con más plantaciones.
Para los campesinos, ser cocalero es una lucha constante contra la corriente, buscando alimentar a su familia con el único cultivo que se los permite. Un raspachín cosecha en promedio de 8 a 10 arrobas al día, generando ingresos aproximados de 40,000 a 50,000 pesos colombianos diarios (entre 13 y 17 dólares); el trabajo es constante, siempre hay donde trabajar y, si se acaba el “raspe”, hay donde el vecino. Hasta que aparecen las fumigaciones y la erradicación manual, lo que genera una fuerte caída económica para ellos, ya que tendrán que empezar de nuevo, con otros cultivos poco rentables, como plátano, yuca, maíz, arroz y cacao.
“Yo cosechaba 11 bultos de arroz y 200 kilos de cacao, primero se vendían a buen precio, pero con el tiempo esto fue cayendo hasta el punto que no valía la pena sembrar arroz o cacao, los precios eran muy baratos, y las enfermedades que atacan a los cultivos de cacao causan muchas pérdidas; mientras que con la coca no hay tanta complicación para trabajar ni vender”, dice Antonio, habitante de San Miguel, Putumayo.
Como consecuencia de los cultivos ilícitos, el departamento padeció el experimento del Plan Colombia en los años 2000 y 2001. El denominado «Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado» fue aprobado en Estados Unidos en el 2000 y ejecutado sin consultar a la ciudadanía. El objetivo general era lograr la pacificación en Colombia por medio de la negociación política, el respeto a la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente. Con ánimo de contrarrestar la violencia y disminuir los factores entrelazados al cultivo, se contempló una serie de estrategias, como introducir alternativas integrales de desarrollo, participativas y económicamente sostenibles en áreas rurales, permitiendo a los campesinos acceso a otras actividades “rentables”.
Bajo estas garantías, se daba luz de esperanza. Sin embargo, todo desapareció luego de la fumigación con glifosato, que dejó un impacto negativo en la salud de los habitantes, contaminando los suelos, aguas y trayendo afectaciones en los cultivos de pancoger, lo que generó desplazamiento y abandono de tierras; los afectados llevaron los cultivos de coca a montañas vírgenes, contribuyendo a la tala de árboles y envenenamiento de aguas y suelos.
Los proyectos del Estado para la reparación nunca fueron satisfactorios por falencias de implementación y por ignorar aspectos como el medio ambiente, la socialización y el bienestar de los habitantes. El Estado busca que los campesinos dejen de sembrar y procesar base de coca, pero sin tener en cuenta sus necesidades.
Primero fueron los aviones con la fumigación indiscriminada, que eliminaba todo cultivo a su paso. Luego vino la erradicación manual de la planta de coca, que no tuvo fuerte impacto en el ambiente, pero sí en la población, por el desequilibrio económico.
En el punto cuatro del acuerdo de paz firmado por el gobierno y las Farc en 2016, también se habla sobre “Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito”; sin embargo, como sucedió con el Plan Colombia, no se estableció diálogo con los campesinos, se fumigaron los cultivos para luego llegar a reparar a los afectados.
Muchos campesinos exigen un acuerdo antes, que se cumpla con lo prometido para que haya una erradicación manual voluntaria de cultivos ilícitos.
Otro dilema que se presenta es el mal manejo de recursos del Estado.
“La bulla es que nos van a dar 31 millones de pesos a cada finquero, pero dudo mucho de que eso pase, el dinero siempre se queda en el camino, lo que llega a las manos de nosotros son chichiguas”, dice Amparo, que vive del cultivo de coca para mantener a sus cuatro hijos.
Con todos estos factores y problemáticas arraigados al cultivo de coca, se llega a un punto en el que los campesinos, atados de manos por las falsas promesas del Estado, se preguntan: ¿Qué más se hace?, ¿en qué más trabajo?, dando a sí mismos una respuesta simple: sobrevivir con aquello que se los permite.
