La Fiscalía del despojo en CDMX
Portafolio publicado en la revista CUARTOSCURO 182 (septiembre-noviembre 2024)
Texto de Eliana Gilet
Fotografías de Ernesto Álvarez
En Ciudad de México no hace falta sentencia judicial alguna para desalojar una vivienda desde que (2016) la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana (FEDAPUR), actualmente Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), tiene la potestad para investigar denuncias relativas al despojo de inmuebles y a tal poder recurre para, mediante la expulsión de vecinos a quienes no se les permite defenderse y sin la intervención de un juez, dirimir añejos conflictos y concluir entregando los edificios recuperados al capital inmobiliario.
Cuando escuchó las patadas en la puerta se alarmó y miró la hora: pasaban de las once de la mañana. El vecino, que decidió testimoniar de manera anónima, abrió la puerta y dos judiciales encapuchados entraron a la sala apuntando a su mujer y a su hijo. Antes de que sin explicación los sacaran de su casa, el padre encaró a Juan Carlos Díaz Alamilla, agente del Ministerio Público a cargo de la operación:
–¿Dónde está tu orden?
–No tengo que tener una orden.
–¡Claro que debes tener una orden para desalojarnos!
–¿Sabes una cosa? ¡Me vale madre!
Díaz Alamilla encarnó el poder que desde 2016 tiene la Fiscalía Ambiental capitalina para investigar denuncias por despojo. El funcionario firmó el acuerdo de aseguramiento del edificio ubicado en Leonardo da Vinci #129 tras recibir una denuncia anónima. En dos meses, octubre y noviembre de 2017, facilitó su demolición y entregó el predio a un abogado.
En diciembre el edificio fue demolido aun cuando las pertenencias de la gente seguían dentro. Hoy, hay allí una torre de departamentos de alta plusvalía construida por la empresa GDC Desarrollos.
El mecanismo del despojo
Desde 2016 hemos reporteado 36 casos de edificios asegurados por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana, ahora Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU)..
Con la revisión de cinco expedientes de la FIDAMPU identificamos una forma de desalojar extrajudicialmente, ignorada hasta el momento en las discusiones sobre gentrificación y recambio poblacional de la capital, que opera así:
- Aseguramiento exprés. Resguardar objetos vinculados al crimen investigado es potestad que tiene cualquier agente del Ministerio Público. Pero cuando lo “asegurado” es un edificio habitado se encubre un desalojo extrajudicial. La FIDAMPU toma un edificio por la fuerza y sin ningún control externo decide a quién entregarlo.
En Isabel La Católica #254 registramos el plazo más breve para asegurar un predio. En noviembre de 2018, y a menos de un mes de haber recibido una denuncia anónima, la Fiscalía lo aseguró, sin pruebas, durante cuatro años. La rapidez con la que se efectuó el aseguramiento tomó a los vecinos por sorpresa y les impidió defenderse.
- Penaliza lo civil. Rogelio León Fortanel supo qué era la Fedapur cuando ya estaba preso. Fue de los primeros procesados por despojo; pasó dos años injustamente encarcelado hasta que comprobó que el día que la Fiscalía lo acusó de despojo él se encontraba en Chiapas. Fue absuelto. Su nombre habrá sido tomado de un expediente de justicia civil relativo a un pleito en el que Fortanel defendió a la Okupa Chanti Ollin, un espacio de gestión colectiva que resistió trece años, hasta que topó con la FIDAMPU.
En el aseguramiento del Chanti, la madrugada del 22 de noviembre de 2016, intervinieron 800 agentes de choque que tomaron el edificio trepando por la fachada. La Fiscalía detuvo a 26 personas y las liberó sin cargos, pero Fortanel fue apresado dos días después por ministeriales.
Describió claramente el mecanismo del despojo: “Esta Fiscalía parece tener todos los poderes que pueda tener una autoridad en el país, porque tienen la facultad de aseguramiento y con eso, de desalojarte, algo que antes sólo podía hacer un juez. Llegué a entender que esta Fiscalía fue creada justamente para esto: para anular procesos civiles que pueden ser muy largos en favor de quienes teníamos la posesión, en este caso el colectivo Chanti Ollin”.
Durante el 2015, primer año de acción del mecanismo, las denuncias por despojo, se multiplicaron casi por siete: de 484 pasaron a 3 mil 242 en 2016.
Información completa en la revista CUARTOSCURO 182
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